Proyecto en Diputados
Vuelve al Congreso el debate por el aborto
Reglamentarían casos no punibles
Fuente: La Nación del miércoles 19 de marzo de 2008 | Publicado en la Edición impresa
Envuelto en fuertes controversias, un proyecto de ley que reglamenta los casos de aborto no punible avanza en el Congreso Nacional. La norma, que desde hace más de dos años navegaba sin rumbo por la Cámara de Diputados, obtuvo el martes pasado dictamen favorable en la Comisión de Salud y Acción Social, con mayoría kirchnerista, y pasó a la de Legislación Penal, último trámite antes de su tratamiento en el recinto.
El proyecto, que recoge iniciativas de la ex diputada kirchnerista Juliana Marino y de la socialista Silvia Ausburger (Santa Fe), reglamenta los casos previstos por el Código Penal en los que la mujer está autorizada a interrumpir su embarazo. Según sus impulsores, se trata de la mera reglamentación de casos ya previstos por el Código: abortos autorizados cuando hay peligro para la vida y la salud de la madre, o violación a la mujer con facultades mentales disminuida.
Los opositores al proyecto, en cambio, estiman que se trata de una provocación del kirchnerismo y de otras fuerzas de izquierda y de una solapada puerta de entrada para la despenalización total del aborto en el país, reclamada por Ginés González García cuando era ministro de Salud, en diciembre de 2006.
La norma autoriza la realización del aborto cuando peligra la salud o la vida de la mujer embarazada. Para ello, el médico interviniente debe certificar que no hay "otros medios" que el aborto terapéutico para resolver la situación.
La ley, que ya rige como resolución en la ciudad de Buenos Aires, el territorio bonaerense y en Rosario, establece que el aborto terapéutico debe ser realizado sin cargo en establecimientos estatales.
Dispone, además, que debe haber contención psicológica inmediata para la mujer y una cláusula de conciencia que permite al médico o integrante del equipo de salud a negarse a realizar un aborto. De todos modos, la intervención deberá realizarse con otros profesionales.
Artículo cuestionado
En su artículo 5°, el más cuestionado por diputadas del peronismo disidente como Ivana Bianchi (Frejuli-San Luis) y Paula Bertol (Pro-Capital), el proyecto afirma que se presume la existencia de peligro para la salud de la madre cuando "la mujer está embarazada de un feto inviable" o "si el embarazo se hubiere producido a consecuencia de una violación".
Según la diputada Bertol, hay un problema insalvable de forma en la norma. "El aborto a consecuencia de una violación no está autorizado por el Código Penal, por lo tanto una reglamentación no puede ir más allá de la ley", explicó a LA NACION la diputada.
Y agregó que "la discrecionalidad de un médico de establecer el peligro para la salud psíquica de la madre puede abrir la puerta para quienes pretenden despenalizar el aborto en general".
Según fuentes parlamentarias, este criterio podría determinar que el proyecto no prosperara en la Comisión de Legislación Penal, también de mayoría oficialista, y que encabeza la bonaerense Nora César (FPV). Sin embargo, no todo estaba decidido anoche.
Una de las diputadas que conocen de memoria cada expediente afirmó a LA NACION que "el proyecto no es prioridad inmediata" y que el dictamen obtenido "es bastante light , para que nadie se sintiera ofendido". Otro diputado del kirchnerismo, sin embargo, no descartó que la discusión "sea parte del conflicto entre el Gobierno y la Iglesia" que tuvo en el fallido nombramiento de Alberto Iribarne como embajador ante el Vaticano uno de sus recientes y polémicos capítulos.
Ajena a las críticas, Ausburger se muestra conforme con el avance de la norma. "Mientras se suceden las idas y vueltas legales y discusiones científicas, las mujeres abortan, mueren por causa de abortos clandestinos e inseguros o son forzadas a continuar con un embarazo que no desean", fundamentó, y agregó: "Por eso, la necesidad urgente de esta ley para que los médicos tengan resguardo jurídico para realizar los abortos legales de manera eficaz, rápida, segura y con el debido respeto por la vida privada de las personas", afirmó la diputada socialista.
Para Bertol, en cambio, "los proyectos abordan el tema como si se tratara de una simple "reglamentación, guía o protocolo médico" e interpretó que así se exceden los alcances de la norma penal y se confunde, soslayando el debate de fondo: la legalización o no del aborto".
La despenalización del aborto ha generado no pocas polémicas en los distintos bloques parlamentarios, no sólo del oficialismo sino también de la oposición.
De hecho, un proyecto para despenalizarlo sólo en los casos que contempla el Código Penal fue presentado por el hoy senador Rubén Giustiniani (PS-Santa Fe) en 2002, y provocó la ruptura de la coalición política con ARI, de Elisa Carrió.
González García, uno de los impulsores más consecuentes de la despenalización total, había dicho en diciembre de 2006 que una medida como ésta "bajaría las altas estadísticas de muertes que hoy se producen por intentar interrumpir el embarazo al margen de la ley".
Por
Jaime Rosemberg
De la Redacción de LA NACION
Casos resonantes
Entre
Ríos: en septiembre pasado, luego de que la Justicia de Entre Ríos
decidiera que no había motivo para pronunciarse sobre un aborto a una
chica discapacitada violada por un familiar, un equipo médico de Mar del
Plata le practicó la operación.
Corrientes: en noviembre de 2006, la justicia correntina impidió
abortar a una joven discapacitada de 15 años que denunció haber sido
violada por un vecino. El tema no siguió adelante porque la adolescente
sufrió un aborto espontáneo.
Mendoza: en agosto de 2006, la Suprema Corte provincial autorizó a
abortar a una chica oligofrénica y epiléptica de 25 años. A pesar de
que los médicos del hospital Luis Lagomaggiore denunciaron que habían
recibido amenazas, le realizaron la operación.
Guernica: en julio de 2006, la Suprema Corte bonaerense autorizó
la interrupción del embarazo de una chica discapacitada violada por su
tío. Dado lo avanzado del embarazo, los médicos del Hospital San Martín
de La Plata se negaron a practicar el aborto a la joven por entender que
la chica cursaba el quinto mes de gestación y su vida corría peligro.
Asistida por una ONG que proclama la defensa de los derechos de la mujer,
la familia concurrió a una clínica privada de La Plata, donde se le
practicó el operación.